SOBRE Caguán Vive

CORPORACIÓN POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
“CAGUÁN VIVE”

DÓNDE NACE NUESTRA INICIATIVA

San Vicente del Caguán queda en la esquina nor-oeste del departamento del Caquetá, limita al norte con el departamento del Meta, al Oriente con el departamento del Guaviare y el municipio de Solano, al Sur con los municipios de Cartagena del Chairá y Puerto Rico; al Occidente con el municipio de Puerto Rico y el departamento del Huila.

Actualmente San Vicente del Caguán cuenta con una población, según el último censo, de 56.291 habitantes, de los cuales, el 43% habitan en la zona rural. Cabe anotar que el censo anterior sólo registró una población total de 30.790 personas. Es importante decir que el incremento mostrado al comparar estas dos cifras se da fundamentalmente durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2004, los cuales se caracterizaron particularmente por ser los últimos de la zona de distención pactada por el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana con la guerrilla de las FARC-EP, y los primeros del post despeje. En estos años se observó una gran movilidad poblacional, primero por el desarrollo comercial que vivió el municipio y, segundo, por la intensificación de la confrontación armada generada por el regreso de las fuerzas militares estatales a la zona.

CUÁL ES NUESTRA INICIATIVA

Hablar sobre derechos humanos en un contexto socio-cultural como el del municipio de San Vicente del Caguán, implica establecer una relación con los procesos que intervinieron en su conformación. Los fenómenos como las bonanzas extractivas (caucho, quina y madera) y el desplazamiento forzado generado por los periodos de violencia vividos especialmente en los departamentos del Tolima, Huila y Cauca, dieron paso a un poblamiento marcado por la ausencia del estado y las dificultades para establecer procesos productivos y comerciales que garanticen un nivel de vida digno para sus habitantes.

Desde la época de los 60s, especialmente a partir del gobierno de Guillermo León Valencia, en San Vicente del Caguán se desató una cronología de represión contra la entonces emergente guerrilla de las FARC-EP; acarreando, desde entonces y hasta hoy, lamentables afecciones contra la población civil, en especial la población campesina.
Es claro entonces, que la labor del estado se ha reducido a la presencia de autoridades de tipo civil, judicial y militar que en el ejercicio del poder no han buscado satisfacer las carencias en términos de bienestar social, que el conjunto de la población requiere en el marco de un estado social de derecho, servicios públicos, educación, salud, obras de infraestructura, saneamiento básico, políticas en derechos humanos y proyectos de desarrollo agropecuario, elementos estos que no han sido la prioridad dentro de la agenda política de los distintos gobiernos.

A pesar de ello esta población se ha consolidado como una de las regiones con mayor proyección económica del piedemonte amazónico, sustentado fundamentalmente en la producción pecuaria de tipo extensivo, que aunque inadecuada para el equilibrio de este ecosistema, ha sido la única opción otorgada por los organismos encargados del sector rural, de los procesos de crédito y de sustitución de cultivos ilícitos.

Unido a lo anterior, San Vicente en su último período se ha constituido en el epicentro de distintos procesos políticos de repercusión nacional, como es el caso de los Diálogos de Paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP, la abrupta ruptura de la zona de distensión y el Plan Patriota como eje de consolidación militar de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe.

En el marco de la Seguridad Democrática, el escenario no puede ser más desolador. La presencia del estado se ha reducido principalmente al fortalecimiento militar que conlleva a la agudización del conflicto y, como efecto colateral, a una evidente crisis humanitaria; muestra de ello son las ejecuciones sumarias, el desplazamiento, la restricción de alimentos e insumos para la vida en el campo, las desapariciones forzadas, el pillaje, los maltratos de todo tipo, etc. Los habitantes de la Región del Pato son un ejemplo verídico de ello.

Es así que durante el año 2007 organizaciones sociales campesinas, empiezan a construir una iniciativa que abra espacios para la promoción y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como de apoyo a personas y comunidades que hayan sido vulneradas en tales derechos, donde partiendo de procesos de formación, se llevan a cabo acciones en pro de una cultura de paz en búsqueda de una salida negociada al conflicto político, social y armado que vive el país.

Por lo tanto la Corporación ha venido desarrollando acciones efectivas enmarcadas en procesos de acompañamiento a las víctimas, denuncias públicas de las violaciones a los derechos humanos realizadas especialmente por el estado y su fuerza pública, la recolección de información de las comunidades afectadas por la confrontación armada y la creación de proyectos que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de la población especialmente las víctimas.

CONFORMACIÓN

La CORPORACIÓN POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS “CAGUAN VIVE” –CCV- está conformada por ciento cincuenta (150) Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales campesinas en la región, como Asociación Campesina de Guayabal, Asociación Municipal de Colonos del Pato AMCOP, Asociación Ambiental del Bajo Pato ASABP, Asociación Campesina Ambiental Lozada-Guayabero ASCAL-G, Asociación de Pequeños Productores de la Cristalina ASOPEPROC, Asociación de Juntas Comunales en pro del Desarrollo de la Región ASOREGIONAL, Asociación Campesina de San Vicente Sur ASOCASS, Corporación Ambiental y Agropecuaria para el Desarrollo del Yari CORPOADYARÍ.

MISIÓN

La CORPORACIÓN POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS “CAGUAN VIVE” –CCV- genera acciones de promoción y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como de apoyo a personas y comunidades que hayan sido vulneradas en tales derechos.

VISIÓN

CORPORACIÓN POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS “CAGUAN VIVE”–CCV- será una organización social altamente reconocida, regional, nacional e internacionalmente, como una entidad que promueve y defiende los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en el marco de un proceso de empoderamiento de la sociedad civil, hacia la construcción de una vida digna.

OBJETIVOS

La CORPORACIÓN POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS “CAGUAN VIVE”–CCV-tiene como objetivos los siguientes:
a)   Capacitar a la comunidad en general y a aquellas personas que se vean afectadas de una forma directa o indirecta por cualquier actuación que vulnere sus derechos humanos, para que sea capaz de reconocer dicha conducta, al sujeto vulnerador y la actuación a seguir tendiente a adoptar las medidas adecuadas para evitar la continuidad de la conducta vulneradora.
b)   Procurar asistencia jurídica, moral, material y humanitaria, a las personas o grupos sociales afectados por una acción que vulnere los derechos humanos o el derecho internacional humanitario.
c)   Acompañar activamente los diferentes procesos sociales que desarrollan trabajo de conformidad con la misión y visión de la CCV.
d)   Demandar de las ramas del poder público, el respeto y aplicación de las normas jurídicas y de los principios universales que tutelan la integridad de la persona y el libre ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales.
e)   Promover y participar en eventos que correspondan a la naturaleza de la CCV.
f)    Adelantar un proceso de consolidación interinstitucional que nos permita, a través de cualquier organismo, poner en conocimiento cualquier vulneración u amenaza que represente un peligro inminente para la comunidad.
ACTIVIDADES REALIZADAS

El 6 de marzo de 2008 3.500 personas llegaron en medio de fuertes estigmatizaciones a movilizarse en contra del paramilitarismo y el Terrorismo de Estado.
El 24 de Octubre de 2008, con el apoyo del PNUD, realizó el primer foro denominado El Caguán Vive, en conmemoración de de los diez años de haber sido decretada la Zona de Despeje.
Participación en Pitalito Huila en la audiencia congresional sobre la Ley de Víctimas
Acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones sociales del sector rural de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.
La CCV está llevando varios casos de ejecuciones extrajudiciales en el departamento, así con de defensa de un buen número de presos políticos.
La CCV ha estado realizando varios talleres con el apoyo del PNUD, del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y del Comité Permanente de Derechos Humanos.
El 23 de abril organizó el primer foro petrolero EXPLOTACIÓN PETROLERA E IMPACTO REGIONAL en San Vicente del Caguán, con la participación de dos delegados de la USO.
El 9 de mayo de 2009 la CCV y el MOVICE realizaron la primera audiencia ciudadana por la verdad en Florencia Caquetá.
El 28 y 29  de mayo participó en la misión humanitaria de verificación de las condiciones de retorno de la comunidad desplazada de Peñas Coloradas, en Cartagena del Chairá.

AMENAZAS

Desde su corta existencia la CCV ha tenido que sufrir una persecución constante en medio de un escenario de militarización y conflicto armado abierto.
Es asesinado luego de la marcha de 6 de marzo de 2008 el integrante de ANTHOC, Carlos Burbano en San Vicente del Caguán.
El primer presidente de la Corporación Joel Pérez fue asesinado en diciembre de 2008 en el municipio de San Vicente de Caguán por lo que parece hasta ahora el Ejército Nacional.
Persecución por parte de Inteligencia Militar según lo evidencia un  informe del 12 febrero 2008 escrito por Teniente Coronel Rafael Eduardo Gutierrez Hortua, Director de la Unidad No. 6 Regional de Inteligencia Militar en Florencia (No. MD-EJC-CIME-RIME6-53.1) en el que enumeraba a 97 individuos como miembros de la Red de Apoyo del Frente Amazónico del grupo rebelde FARC.
Tres integrantes de Asociación Campesina de Guayabal (que forma parte de la CCV) están en este momento en la cárcel (Florencia y La Picota) con un proceso por rebelión. Más 11 personas pertenecientes a otras organizaciones sociales como COAYARÍ Y ASOPEPROC.
Cuatro directivos de ASCAL–G fueron encarcelados en noviembre de  2008, todos han recuperado su libertad.

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